Hay que cambiar muchas cosas para que en realidad algo cambie en nuestra Guatemala. Muchos de los problemas de Guatemala son estructurales, es decir, tienen que ver con las situaciones que son realmente importantes, como por ejemplo la forma en que se toman las decisiones. Pero hay otras cosas que cambiar. Voy a tratar algunas de ellas, que incluso ya he tocado en otros artículos, pero son ideas que hay que remarcar y que me gustaría ver en debate en la ya próxima campaña electoral:
1. Los aportes constitucionales al deporte:
No puede ser lo que nos cuestan las medallas ganadas por los atletas. El deporte tiene constitucionalmente el 3% de los ingresos ordinarios del estado (esto incluye deporte federado, no federado y educación física), esto para el presupuesto vigente fue de 915 millones de quetzales. Digamos que solo este año ganaremos (al momento de escribir este artículo los Juegos Centroamericanos y del Caribe no han concluido) 20 medallas de oro, lo que significa que cada medalla nos costo la mínima cantidad de 45 millones de quetzales. ¿Vale la pena eso en un país, donde los niños se mueren de hambre?. ¿O debiéramos de cambiar eso para que el deporte reciba menos y por lo tanto los dirigentes deportivos roben menos? No importa no ganar medallas en las olimpiadas o en los juegos panamericanos, mejor invirtamos ese dinero en hospitales y en parar el hambre que mata a miles de niños o que afecta al 50% de los niños menores de 5 años. Hay muchas mejores maneras de gastarnos ese dinero y si no conseguimos medallas (que en realidad los que están en la capacidad de hacer un deporte es una porción muy ínfima de nuestra población) no pasa nada.
2. El aporte constitucional a la Universidad de San Carlos:
Es el 5% de los ingresos del estado, para el año 2018, será de 1,489 millones de quetzales y en este momento están montando una campaña diciendo que no les alcanza, perdón, pero entonces que no roben. Como es posible que una institución que atiende a menos del 1% de la población total, reciba tal cantidad de dinero. Si en realidad todos los ingresos estuvieran destinados a la educación y no ha alimentar un aparato enorme administrativo, el dinero debiera de sobrar. Pero no sobra, según ellos hacen falta 600 millones, lo cual considero es una barbaridad, tenemos que realizar una reforma profunda a la educación superior, porque no es que estén produciendo mejores profesionales (en mi firma de auditoría, uno de los mayores problemas es encontrar profesionales que sepan de contabilidad, no digamos de temas avanzados, de los temas más básicos), por lo cual la gran cantidad de dinero que invertimos en esa casa de estudios se está yendo por el caño. De hecho el presupuesto del Organismo Judicial es de 1,191 millones, menor que lo que usamos en la educación superior. Es decir que le damos más a la Universidad de San Carlos que a todo el sistema de justicia, esto explica porque estamos como estamos.
3. La forma en que la Iniciativa Privada y la Universidad de San Carlos participan en la toma de decisiones de este país:
En casi todas las instancias de toma de decisiones económicas, políticas y administrativas está representados estos dos actores. En la Junta Monetaria, en la Junta Directiva del Igss, en la comisiones de postulación (que elijen al contralor general, y al fiscal general, solo por poner algunos ejemplos), siempre están representados por Ley el Cacif y la Universidad de San Carlos. En alguna medida porque representan supuestos intereses de sus gremio por un lado y la Universidad porque representa una forma de pensar más progresista, por otro. Nada más alejado de la realidad, lo único que representan son los intereses de unos pocos y es una palanca que utilizan, incluso, para chantajear al gobierno de turno. O bien, como sucedió en el IGSS, para robar a la par del gobierno. Esas dos instancias no han representado, ni representaran los intereses de la población; representaran en un caso los intereses de una clase económica en particular y más aún, representan a un pequeño círculo y grupo en particular y en el caso de la Universidad, los intereses del grupo que la dirigen, que sin gastarse una gran cantidad de dinero, logran influir de manera significativa en las decisiones del país. De hecho, yo los considero corresponsables de todo lo que ha pasado en este país, han tenido la oportunidad de cambiar muchas cosas, de tomar decisiones y lo que han hecho es velar solo por sus intereses. Tenemos que buscar otros contrapesos, que velen más por el bienestar de todos.
4. La promulgación de una Ley de Servicio Civil:
Este tema ha estado en debate en los medios de comunicación. Que implica que la forma de contratación de personal del estado en realidad cambie. Habrían requisitos que llenar para trabajar en el Estado y no solo ser conocido de alguien o parte del partido de gobierno. También se regularizarían los salarios y se les pondría un hasta aquí a los pactos colectivos de muchas de las dependencias del estado que terminan siendo tan perjudiciales (solo recuerden los sueldos de 70 mil quetzales de la contadora del congreso, que por su avanzada edad ya no hace nada o de los derechos en algunas entidades del estado, de que si el padre se jubila, el hijo puede ocupar su puesto) y que no premian la meritocracia o el desempeño. Pero claro, eso afectaría a la forma en que la vieja política ha manejado este país, porque no podrían cuando ganan las elecciones, poner a su gente y entonces no quieren aprobar una ley que no les permita hacer del Estado, un botín. Pero es una ley que tenemos que exigir que el congreso apruebe y aún cuando no sea perfecta, este en el camino de cambiar el Servicio Civil y logremos un aparato estatal que tenga una herramienta para tener mejor personal. Yo he conocido a muchos buenos servidores públicos, pero que viven frustrados, porque no importa que esfuerzo hagan, los puestos de jerarquía no se asignan por mérito, sino por lo que llamamos en Guatemala “cuello”.
5. La Forma de Administración de la Justicia:
En el último intento de reformas a las leyes que presento la Cicig, incluía una reforma que cambiaba el esquema en cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. Separaba la administración de la Justicia de la administración del Organismos en sí, para que los Jueces de la Suprema corte no tuvieran que ver los temas administrativos y de esa forma, tampoco tuvieran la forma de presionar a los jueces con traslados, presión en los sueldos, contratación de personal, etc. Es una reforma que hay que retomar, para quitarle poderes a los miembros de la Corte Suprema y lograr que el sistema de justicia avance, enfocándose en los temas para los cuales tienen todas sus capacidades y no en temas administrativos que a veces no muy entienden y en un buen sistema de justicia, no tienen porque entender. Claro que eso solo es una parte, hay otras cosas que modificar, pero hay que comenzar con algún cambio.
6. Cambio en las comisiones de postulación:
Actualmente en las comisiones de postulación, se elije a los candidatos de la terna donde el Presidente toma la decisión de quien ocupara el puesto, por el 75% de los votos de los delegados. Solo por ponerles un ejemplo: En la comisión de postulación del contralor general son 22 personas, porque son 11 decanos de las universidades y por cada decano, hay un representante del Colegio de CPA y del Colegio de Administradores, Economistas y Contadores Públicos ( que esté representado este último Colegio es ilegal, pero es tema de otro artículo). Entonces hay 22 personas que elijen a los candidatos, que son 3. En los colegios profesionales, los empleados de la contraloría logran, a través de elecciones, nombrar entre 8 y 9 miembros de la comisión, los profesionales independientes logran nombrar entre 3 y 2. Pues bien, hasta que no se nombra a una persona que represente los intereses de los empleados de la contraloría, no se logra reunir el 75% de los votos necesarios para integrar la terna. Y con una persona que se elija de los que ellos quieran, es la que el Presidente elige, porque se ponen de acuerdo. De nada sirve la comisión de postulación y todo el proceso, porque aún cuando se elijan 2 profesionales independientes, siempre quedará el que los de la contraloría quieran. Y se debe a que se necesitan sus votos para elegir la terna de la cual el presidente elije y sin poner a uno de sus candidatos, nunca se llega al 75% necesario. Algo que era bueno, como elegirlos por un buen porcentaje de votos, se volvío un mecanismo perverso. Si fuera por mayoría simple, se lograría obtener profesionales independientes que fueran Contralores y no de la rosca del Presidente. Tan sencillo que está el problema, pero el Congreso impide resolverlo.
Y esto, mis estimados lectores, son solo algunos de los temas que hay que cambiar. Pero imaginese usted amigo lector la oposición que encontrará reducirle el presupuesto al deporte y a la Universidad, solo eso puede ser un gran problema, pero es un tema impostergable, ya que o comenzamos a resolver los problemas estructurales o vamos a seguir en las mismas.
Hasta la próxima.
