En los inicios de 2017 se comenzaron a escuchar las noticias de que el gobierno de Jimmy Morales quiere presentar una reforma tributaria, que incluso quiere socializar durante el primer semestre del año, para que sea en el segundo semestre que se apruebe, y que cobre vigencia en el año 2018. Con esa perspectiva, se está cometiendo errores desde el inicio, porque etimológicamente la palabra “impuesto” viene de imposición, porque estimado amigo ferretero: ¿A quién le gusta pagar impuestos? Máxime en nuestro país, donde se tiene una de las tasas más bajas de recaudación del mundo, donde históricamente los grandes capitales se han ufanado de no pagar impuestos y han crecido a la sombra de exenciones y pago de casi ningún tributo; no se puede pretender “socializar” una propuesta. El gobierno, en su obligación de dirigir al Estado, debe de presentar una reforma integral, que permita aumentar la carga tributaria y que le dé los insumos para proporcionar los servicios básicos que la mayoría de la población necesita. Si la propuesta se socializa, lo único que se logra es que grupos interesados se opongan y se deje en la ley solo lo que les conviene y lo que les afecta se elimine.
Ideas que podrían llevarse a la práctica
1. Eliminar el régimen de pago sobre ingresos:
Esta figura de pagar sobre los ingresos ha permitido disminuir la carga tributaria, ya que muchos consorcios empresariales tienen empresas inscritas al 25% y otras al 7% sobre ingresos; por lo que sobre su utilidad al final pagan solo el 7%, al facturarse entre ellas. Esto no permite al Estado obtener los ingresos que son necesarios, por lo que el régimen de pago de impuesto sobre ingresos debe de eliminarse o sufrir una modificación drástica. Podría modificarse, por ejemplo, para que solo los profesionales puedan utilizarlo y subir la tasa al 10% o si son sociedades anónimas que paguen el 15%. Esta sería una forma de desincentivar esta práctica y volverla nula para su uso, al menos en el ámbito empresarial. En conclusión, este régimen ha distorsionado de manera general el esquema tributario.
2.Establecer sistemas de pago específicos para algunas actividades:
Tenemos en nuestro país el gran problema de la economía informal, que forma una buena parte de la actividad productiva y económica de muchos guatemaltecos y que tiene la particularidad de que es muy complicada y cara su fiscalización. Por lo que deben crearse normas que permitan la fiscalización sencilla y efectiva de estas actividades. Por ejemplo en España se paga un impuesto en los restaurantes por la cantidad de mesas que tienen (por eso es más barato, entre otras razones, comer en la barra que en un mesa). Podría crearse un tipo de gravamen para que de esa manera paguen impuesto los mercados cantonales y muchos negocios en el interior de la república, que sea fácil de recaudar y fácil de fiscalizar. Aún con la puesta en vigencia del acceso a las cuentas bancarias del contribuyente, en algunos sectores seguirá siendo difícil hacer que participen en el sostenimiento del Estado, porque no utilizan el sistema bancario de manera formal. Se podrían crear techos de ingresos para aplicar en estos regímenes, de manera que tampoco grandes cadenas de restaurantes se puedan ver beneficiados de una tarifa menor a la que actualmente pagan.
3. Eliminación del IVA:
El IVA es un impuesto que se ha vuelto difícil de fiscalizar y que crea instituciones, tales como la devolución de crédito, que incluso ha servido para cometer fraudes millonarios. Debe reformarse ese impuesto y volver al impuesto sobre el consumo, donde solo el consumidor final paga dicho impuesto (que en realidad es la teoría del IVA), pero que en toda la cadena de producción y comercialización no se aplique. De esta manera hasta podría disminuirse la tasa actual, porque se elimina la normativa de créditos fiscales y las empresas que venden al consumidor final pagan el 100% del impuesto recaudado. Más fácil de controlar y se elimina la eterna disputa con el contribuyente de que si es o no es crédito fiscal. Sería un modelo como el que tiene Estados Unidos, que es un sistema que logra mayor recaudación que el nuestro y que las tasas son menores. Esto inclusive puede eliminar la gran cantidad de controles y lo oneroso que dichos controles son.
4. Reformar todo el sistema de contribución de empleados:
Para el Estado el sistema de contribución de los empleados es muy sencillo de fiscalizar, porque los obligados no son los sujetos pasivos, sino las empresas que pagan a los empleados. Lo incorrecto es el sistema de deducciones que se aplica. No es posible que exista una sola escala de deducción para todas las personas, porque dependiendo del ingreso son las necesidades que se van cubriendo. Por ejemplo, una persona que gana Q5,000.00 no cubrirá las mismas necesidades que una persona que gana Q10,000.00. Muy probablemente esta última tendrá la posibilidad de pagar una casa y la otra solo de comprar un carro; es decir, las necesidades que se están cubriendo son diferentes. Por lo tanto, deben realizarse estudios económicos que permitan establecer escalas diferentes de deducciones de mínimum vital; por ejemplo, por porcentaje de ingresos e incluso lo que se debiera de gravar es el núcleo familiar, no el ingreso personal; porque volviendo a nuestro ejemplo, la persona que gana Q5,000.00, con la participación del sueldo de su cónyuge, puede llegar a tener la misma capacidad de gasto de la persona que gana Q10,000.00.
5. Establecer precios de mercado para las propiedades inmobiliarias:
Es increíble que casas situadas en zonas de la Ciudad de Guatemala consideradas premium, estén valuadas a precios de la década de 1930, paguen su IUSI sobre valores muy por debajo del valor de mercado. El IUSI es un impuesto que debe de gravar la riqueza, por lo tanto todas las propiedades inmobiliarias deben ser revaluadas a sus valores razonables actuales, con lo que la recaudación de ese impuesto debiera ser muchísimo más de lo que es actualmente, principalmente para la zona central de nuestro país. El mercado inmobiliario se está regularizando, en el sentido de que las transacciones inmobiliarias se están realizando a precios reales o al menos, muy cercano a lo real, lo que da una base del valor. Pero para que el mismo no pierda sentido en el tiempo, no se puede dejar fijo el valor original del inmueble, debe de actualizarse periódicamente, posiblemente cada cinco años, para que este proceso no sea engorroso y caro. Todos los valuadores tiene los precios actuales de las propiedades, entonces el Estado puede hacer exactamente lo mismo. Este sería un impuesto muy equitativo, porque pasaría de gravar la propiedad, a gravar la riqueza y quien tenga propiedades de mayor valor, pagaría más.
6. Eliminar el régimen especial para empresas constructoras:
En la construcción han existido, a través de los años, muchas estrategias para evitar la declaración de las propiedades a su valor real, como era el caso de vender las aéreas comunes con acciones, facturar mejoras en lugar del valor real de los inmuebles, recibir el dinero en empresas off shore, etc. Derivado de lo anterior, en la reforma del 2013 se incluyó la norma por medio de la cual un 30% del valor del inmueble queda exento de impuestos, tanto del IVA como del Impuesto sobre la Renta (Decreto 19-2013, artículo 12, que adiciona el artículo 35 “A” a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 12-2012, ambos del Congreso de la República). Con ello se legalizó lo que antes era una evasión de impuestos. Esta es una disposición inconstitucional, pero nadie le ha puesto el cascabel al gato; lo cual que al ponente de este artículo le parece, personalmente, una aberración, teniendo Guatemala tanta necesidad de recursos. Por lo tanto, habría que eliminar esa figura y que el 100% del valor de la compraventa de una casa pague tanto el IVA (o el impuesto al consumo, que se propone) como al impuesto sobre la renta sobre las utilidades que genere la constructora. ¿Por qué dejar el 30% de los ingresos exento de pagar impuestos?
Actualmente hay en el congreso una propuesta de Ley para, según ellos, regularizar las actividades agrícolas, que no es más que evitar que paguen impuestos los ganaderos y los agricultores. Según cálculos que pase esa ley es quitarle al estado 5 mil millones de quetzales en impuestos. Dicha Ley está impulsada por diputados que son genios y que aparte son ganaderos, y todos sabemos que esta importante parte de la economía no paga impuestos (cuando le han entregado una factura en una carnicería de barrio o mercado), o sea que están legislando para su propio beneficio, sin tan siquiera pensar un poco en el país. ¡Es increíble la calidad de diputados que tenemos! Imagínese, amigo lector, que para un renglón de los beneficiados con esta ley, se paga el 1% sobre los ingresos y la mitad va a un fideicomiso (que son difíciles de fiscalizar) que les devolvería en proyectos lo que paguen, es decir, que estos genios están pensando en pagar solo el 0.5% de sus ingresos. Más aún, hay un artículo que indica que la SAT no les puede pedir información que para ellos represente un gasto adicional. Ni siquiera tendrían que llevar contabilidad. ¿Verdad que le tenemos que dar el premio Nobel al que elabore esta propuesta de Ley?. ¡Es un genio!
Si no aumentamos la carga tributaria y nos seguimos endeudando a través de préstamos para financiar el presupuesto del gobierno, más temprano que tarde tendremos una situación económica muy complicada y tendremos que tomar de golpe las acciones que podemos tratar con sensatez.
No se pretende que este artículo sirva de base para un nuevo régimen tributario en el país, pero sí que sirva de base para la discusión, para que busquemos un nuevo régimen impositivo, más equitativo y donde todos contribuyamos más, según sea nuestra verdadera capacidad de pago.
Oscar Danilo Díaz : Contador Público y Auditor, especialista en temas de impuestos y de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con maestría en finanzas y 25 años de experiencia en el ramo de la contabilidad y auditoría. Firme creyente en que Guatemala puede salir adelante.
